Las dos refresqueras más importantes de México y las más grandes del mundo Grupo PepsiCo y Coca-Cola manifestaron su inconformidad con el anteproyecto que proponen la Secretaría de Salud y de Educación Pública para reducir el nivel de obesidad entre los niños.
Uno de los objetivos de los lineamientos es eliminar de las escuelas la venta de alimentos y bebidas que tengan bajo nivel nutricional.
Coca-Cola señaló que hay falta de argumentos al calificar a los refrescos como productos no saludables, como se dice en el anteproyecto
“No aceptamos ningún trato o calificativo que discrimine y/o estigmatice sin sustento científico válido a los productos de esta industria”, advierte la empresa, que tiene en México a su segundo mercado con mayor importancia del mundo, el año pasado tuvo un ingreso de 30 mil 990 millones de dólares, 3% menos que en 2008.
La refresquera solicitó un permiso a la SEP y a la SSA aceptar la venta en escuelas de bebidas elaboradas con edulcorantes no calóricos.
Grupo Pepsico, que integra las empresas de Sabritas, Gamesa-Quaker y Gatorade, dijo que el anteproyecto resulta incongruente, inexacto e improcedente.
La compañía que genera más de 65 mil empleos directos y 500 mil indirectos en el país, dijo que la reformulación de los productos y los ajustes en el proceso productivo para ajustarse a los nuevos lineamientos, llevarán de 2 a 5 años.
PepsiCo México “inició desde los primeros meses de este año, un proceso de transformación, cuya primera fase se cumplirá en 2015”.
De acuerdo con evaluaciones realizadas por ConMéxico (quién agrupa a 45 de las principales empresas de consumo del país), las compañías tendrían que asumir un costo de 442 millones de pesos para una sola línea de producto en las siguientes acciones del proceso de elaboración: rediseño de empaque y reformulación de producto, además de los impactos en las ventas, los cuales impactaría por igual a las empresas productoras y toda la cadena de valor.
La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) asegura que en caso de ser aprobado el anteproyecto la industria perdería 3 mil 132 empleos remunerados y se dejarían de percibir 262.2 millones de pesos por concepto de remuneraciones al personal ocupado.