Fue durante la conferencia de prensa virtual organizada por el Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS) que se abordó la presentación de dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados recientemente presentado que reúne 14 iniciativas presentadas de octubre 2019 a marzo 2020 por distintos partidos como PAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Morena, PRD y Encuentro Social y Diana Sheinbaum coordinadora del Programa de Discapacidad y Justicia de Documenta, habló acerca de la petición de incluir Ley de salud mental en sesión del Senado.
"Se podría votar un dictamen que avalaría, en la Ley General de Salud, el internamiento involuntario de pcd psicosocial y con adicciones".
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Aprobarían dictamen violatorio de derechos humanos en salud mental
Sheinbaum detalló que el dictamen que se pretende mostrar y posiblemente aprobar constituye un avance importante en el tema de salud mental pues responde a una preocupación compartida por reformar un sistema de salud mental en México que ha reproducido violaciones a los derechos humanos, lo cual hace necesaria una reforma. Tambiénexplicó que la iniciativa plantea una modificación importante en el eje de atención que se ha centrado durante años en el hospital psiquiátrico y que ahora busca integrar los servicios de salud mental al primer nivel de atención:
“La iniciativa de alguna forma atiende de manera adecuada la disponibilidad de los servicios de salud mental, plantea la necesidad de aumentar el presupuesto para enfrentar la disparidad histórica que se presenta en la salud física y la salud mental. El presupuesto destinado a la salud mental es solamente el 2% del presupuesto de salud”.
Por lo anterior, la especialista también dijo que parece que esta iniciativa atiende de manera adecuada el tema de la disponibilidad, pero por otro lado reproduce y no atiende de la manera adecuada el tema de la calidad y respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios:
“La aprobación del dictamen no ha sometida a un proceso de consulta lo cual constituye una obligación del Estado mexicano derivado de la ratificación de la convención sobre los derechos de las personas con capacidad. Nos preocupa la falta de un proceso de consulta que legitime la aprobación de las iniciativas”.
En ese sentido, la actual iniciativa reproduce el marco normativo actual, específicamente la Ley General de Salud avala hoy en día y la iniciativa lo sigue haciendo los tratamientos y los internamientos involuntarios:
“Nos parece que esta reforma no solamente debe apostar por la disponibilidad sino también por el respeto y restricto a la voluntad de los usuarios de los servicios de la salud mental. Sigue centrada en una forma de atender la salud mental basada en categorías que discriminan como trastornos mentales y del comportamiento y la estigmatización de las personas que usan sustancias psicoactivas”.
Desde el colectivo: vulneración y discriminación que busca ser voz
En entrevista con SuMédico, Ilse Gutiérrez miembro de la coalición Salud Mental con Derechos y perteneciente al colectivo "Sin Colectivo" el cuál integran personas que han transitado por instituciones de salud mental, que han vivido vulneración o discriminación y que tienen la intención de promover enfoques de derechos humanos en el abordaje de la salud mental, explica que se requiere una perspectiva transversal de enfoque integral que permita llegar a otros contextos y que no esté centrada en la psiquiatrización o la medicación:
"En el tema de la salud mental deben existir otro tipo de estrategias de acercamiento a la comunidad. Quienes plantean estas iniciativas son de diferentes bancadas; es una iniciativa de iniciativas que no tiene contemplados los derechos humanos y nosotros tenemos apertura para dialogar sobre la iniciativa propuesta".
Gutiérrez explica que se suponía que el día 5 de noviembre se presentaría el dictamen en la Cámara de Diputados pero hicieron de conocimiento que se pospondría el parlamento abierto al día lunes 9 de noviembre, día en el que esperan discutir la iniciativa, conocer si se va a modificar o saber si es posible hacer algo:
"La Cámara de Senadores nos ha escuchado pero no se ha dado continuidad y queremos que tomen la propuesta que podamos discutir y pedir un enfoque de derechos. Quienes la proponen no tienen mucho que ver con el tema, no hubo consulta. Hay un enfoque de estigma a partir de una dinámica psiquiátrica de una estructura clínica que no permite el acercamiento a asociaciones de la sociedad civil que tienen otro tipo de enfoque basado en la experiencia de vivir problemáticas relacionadas con la salud mental".
Ilse Gutiérrez recuerda que con anterioridad han habido iniciativas al respecto pero tampoco se han incluido consultas o acercamientos a otras perspectivas lo cual reproduciría las mismas situaciones:
"No es únicamente consultar a personas expertas sino consultar a quienes pueden estar institucionalizadas o que han tenido la experiencia de habitar estos lugares, que han vivido las condiciones para comparar y hacer necesario el enfoque de derechos humanos. Se necesita hablar con las personas y generar estrategias como talleres o consultas que involucren a la población".
En la coalición se ha trabajado en una iniciativa que esperan sea tomada en cuenta pues se ha trabajado acorde al enfoque de derechos humanos, es decir que no es violatoria y plantea un enfoque de salud mental comunitaria, sin rasgos coercitivos, internamiento involuntario:
"La desarrollamos en ese lapso, septiembre y principios de octubre que surgieron varias iniciativas de la cámara de diputados que buscaban modificar la ley de salud en materia de salud mental que pretendía perpetuar el sistema de salud mental desde un enfoque clínico y de institucionalización. Hace una semana salieron unas iniciativas pero recientemente vimos el dictamen en la ley federal de salud y lo analizamos como colectivo entonces notamos que sigue teniendo ciertos ejes que parecieran repetirse de propuesta en propuesta y que van siendo un eco del mismo sistema clínico que intenta imponer una rehabilitación y un mecanismo de control de la salud mental en general; se intenta informar y adicionar varios artículos de la ley general de salud en materia de salud mental, particularmente internamiento".
"México va muy despacio"
Además, desde la colación han considerado que México va muy despacio y sigue reproduciendo un modelo diferente al de la convención que es un Tratado Internacional que compromete a muchos países entre ellos México quien tiene un doble compromiso pues la impulsa para hacer más énfasis en esas acciones que respalden los estándares y marco legal en materia de salud mental, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha:
"Desde el colectivo Salud Mental con Derechos exponemos la necesidad que dentro de los equipos se integren expertos en salud mental con experiencia directa en casos de salud mental, usuarios de salud mental que generaríamos apoyo mutuo o como equipo de crisis que serían equipos que más o menos disminuyan o desescalen la crisis; compartan su experiencia, mucho retomando desde los grupos de apoyo mutuo que se han desestimado pues se cree que no funcionan o se piensa que es algo menor comparado con la psiquiatría clínica cuando es igual de importante en la recuperación de las personas".
La visión del colectivo es detallada aún más por Ilse:
"Si la persona no tiene contacto con su contexto y con su medio; ¿Cómo pretende la clínica atender a las personas?, se vulnera el ejercicio de libre decisión sobre los cuerpos. Tienen que construirse canales de comunicación para entender qué está pasando con la persona y no imponer tratamientos como sobremedicación que ocurre habitualmente".
Además de lo anterior, se ha denunciado el tema de tortura pues Gutiérrez refiere que hay varios informes de organismos nacionales e internacionales que abordan el tema de la tortura y tratos dentro de los hospitales psiquiátricos:
"Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha encontrado cuestiones relacionadas con la tortura dentro de estas instituciones".
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¿Vulnerabilidad jurídica?
Se ha dicho además que el dictamen vulnera la capacidad jurídica porque cuando una persona va a un hospital psiquiátrico quien tiene la custodia en un primer momento es el médico o si es una persona que tiene un estado de interdicción que es cuando el Estado provee de un tutor o una tutora, son estos los que deciden
La coalición además refiere que hacen falta mecanismos oportunos y accesibles para reincorporar a la sociedad a las personas que habitan o han habitado hospitales psiquiátricos:
"El encierro deteriora la capacidad social de las personas. Hay personas que llevan años encerradas desde que se cerró La Castañeda y lo que se ha hecho es buscar a sus familias, aunque no en todos los casos se logra. No tienen documentos, no tienen derecho al voto, ¿quiénes son? hay una serie de vulneraciones a sus derechos por el enfoque manicomial que se sigue reproduciendo".
Ilse Gutiérrez dice que esta iniciativa sí hace mucho hincapié en el consumo de sustancias relacionado con salud mental abordado como adicción y con términos como "farmacodependencia", que sería un intento de psiquiatrizar o atender a la fuerza, el cual no sería un enfoque vigente:
"El enfoque que debería estar vigente es el de reducción de riesgo de daños. Si la persona quiere abordar un tratamiento para el consumo de sustancias debe ser él quien lo decida. No es una situación obligada, no hay un enfoque de reducción de riesgos y daños, es decir, ya no se prohíbe que las personas consuman sustancias. Es poner al alcance de las personas las herramientas necesarias y no con un enfoque prohibicionista hacia el uso de sustancias".
Finalmente, será el día 11 de noviembre de 2020 cuando se discuta el dictamen y se busque poner sobre la mesa la iniciativa de los distintos colectivos y asociaciones a favor de un cambio de perspectiva en el manejo de la salud mental que integre, derechos humanos, género y evite la discriminación.